I. Introducción
Todos tenemos una cuota de poder y la usamos. Generalmente viene dada por la suma de posibilidades de hecho a nuestro alcance, con límite más o menos preciso en el sistema de creencias y valores de una sociedad en un momento determinado. Y no es menos cierto – y fácilmente comprobable – que por mínima que sea esa porción de poder, quien la detenta tiende a abusar de ella.
Acaso por eso moderamos los términos en los que devolvemos un café tibio para que lo calienten nuevamente, sabedores de que tras la puerta de la cocina perdemos el control de la bebida a manos del mozo que nos sirve.
Tratamos cordialmente al personal subalterno concientes de que cualquier autoridad formal se desdibuja en los innumerables aspectos de la tarea que reposan en la confianza por la imposibilidad práctica de controlarlo todo en todo momento.
Nadie en su sano juicio irritaría adrede a la secretaria del jefe y siempre nos damos tiempo para charlar con cadetes, porteros, asistentes, meritorios, recepcionistas, etc.
Todos ellos tienen algún poder de hecho que puede beneficiarnos o perjudicarnos en alguna medida.
Un conocido aforismo de la administración pública afirma que el orden de despacho de las decisiones ministeriales no es resorte del ministro sino del ordenanza que apila los expedientes.
Sobre esta realidad incontestable nos advierte el famoso gaucho Martín Fierro cuando dice “hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo”.
El problema adquiere ribetes de proporción cuando a ese poder de hecho – necesariamente creciente a medida que se asciende en los estratos sociales – se añade el poder formal devenido del máximo vértice del ordenamiento jurídico, cuyo principal depositario, en los sistemas presidencialistas, es el primer magistrado, el titular del Poder Ejecutivo.
Y es que, como responsable de ejecutar la ley en aras del bien común, bienestar general o cualquier otra fórmula laxa (que justifique siempre y de cualquier manera su ejercicio) y único árbitro e intérprete soberano de ese interés que procura, el Ejecutivo puede echar mano a soluciones materiales e inmediatas de las que carecen los demás poderes estatales, al ser sus decisiones generalmente colegiadas y sujetas a complejos mecanismos de producción.
Esto explica la creciente expansión – no sin riesgo para la salud republicana – de su ámbito de actuación, ya avanzando sobre las incumbencias de los demás poderes públicos o aún peor invadiendo la esfera subjetiva individual.
La vieja idea de un único poder estatal actuante por el cauce de funciones plurales, independientes, yuxtapuestas y recíprocamente controladas para garantía de los ciudadanos, tiene hoy mayor vigencia académica que práctica.
Ya enseñaba Genaro Carrió que todo se origina en el uso híbrido de la palabra poder, que unas veces connota potestad, competencia, atribución y otras – según el contexto – fuerza, dominio, poderío. “De allí hay un solo paso a afirmar que el sujeto o entidad en cuestión tiene las atribuciones porque dispone de la fuerza” . Y con ese mismo lenguaje acrítico se habla de potencia cuando se alude a los países que por sus condiciones geopolíticas, económicas y militares predominan en el concierto de las naciones.
Ahora bien, mediando algún esfuerzo de interpretación es posible concluir que el máximo poder así concebido está en manos de la suprema autoridad gubernamental de dichos países, el Presidente; el responsable de los destinos de todo un pueblo, el hombre fuerte. Veamos.
II. El hombre más poderoso de la Tierra.
Del presidente de los Estados Unidos de América se dice que es el líder del mundo civilizado, el hombre más poderoso de la Tierra; y parece una afirmación cierta en varios aspectos, particularmente en el plano de las relaciones internacionales.
Ningún otro hombre en el mundo cuenta con el poderío militar necesario para desatar una guerra termonuclear global y autoerigirse en adalid de la paz para impedir el desarrollo de armas de destrucción masiva en el resto del mundo.
¿Quién sino él, fundado sólo en la bondad de las razones que cree tener, podría señalar de modo irrefutable las naciones que integran el Eje del Mal, ordenando bombardeos y ocupaciones en dichos territorios contra el criterio manifiesto de su propio Congreso, de la opinión pública mundial y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
Nadie además de él puede disponer un desembolso de 40.000 millones de dólares en 48 horas, como ocurrió con la ayuda financiera de emergencia que autorizó el Fondo Monetario Internacional – por su intercesión – a favor de México en oportunidad del sismo que asoló ese país en 1.995. No gratuitamente, por supuesto.
Y es con su bendición que se han alzado y derrocado gobiernos en Latinoamérica, Asia y otros países tercermundistas a lo largo de su historia reciente, consintiendo o tolerando los mayores abusos cometidos contra sus poblaciones civiles sin restar siquiera un poco de lustre a su título de máximo garante y defensor de los derechos humanos en el mundo libre.
Es tal vez el único mandatario que puede impulsar tratados de derechos humanos vinculantes para todos los países signatarios, sin que su propio país adhiera a los términos en ellos convenidos.
Por todas estas potestades extraordinarias podría decirse que el presidente de los EEUU no tiene iguales. Los demás jefes de estado sólo ostentan grados diferentes de adhesión y preferencia de la Casa Blanca pero no son, más que protocolarmente, sus pares.
III. ¿El hombre más poderoso de la Tierra?
Sin embargo probablemente no tenga tantos motivos como cree para sentirse inmenso reclinado en su sillón del despacho oval Porque tal vez él, que puede destruir varias veces el planeta, torcer el rumbo de la economía mundial, instituir y destituir gobiernos, jugar a la guerra cuando quiera y afectar con sus decisiones a miles de millones de personas, jamás imaginó, ni en su optimismo más desaforado, que un Presidente pueda por sí:
- concentrar el grueso de la iniciativa parlamentaria;
- derogar por decreto leyes sancionadas por el Congreso;
- nombrar sus propios ministros y demás autoridades sin acuerdo del Senado;
- crear personas jurídicas públicas estatales y asignarles misiones, funciones y recursos del presupuesto público sin autorización parlamentaria;
- establecer haciendas paraestatales también con fondos públicos;
- designar y remover a discreción a los titulares de los entes reguladores de servicios públicos, instituidos en garantía de los consumidores;
- forzar las estadísticas de las cuentas nacionales e indicadores económicos por vía de presionar a las autoridades regulatorias;
- cambiar íntegramente la composición de la Corte Suprema utilizando espuriamente el mecanismo institucional del juicio político;
- alterar mediante actos de imperio las prestaciones convenidas en contratos particulares,
- modificar a su arbitrio el destino de las partidas aprobadas por ley de presupuesto,
- dictar normas que suspendan no sólo la ejecución de sentencias contra su Administración sino incluso la continuidad de tales pleitos,
- cancelar dichas sentencias con bonos de aceptación obligatoria por él mismo emitidos,
- fijar unilateralmente los plazos de caducidad de acciones y derechos para demandar al Estado, y
- emitir letras paralelas a la circulación monetaria (lecop, patacones, etc.) y determinar su fuerza cancelatoria de obligaciones.
Y resistir pese a todo el juicio de la historia bajo el conjuro infalible de una emergencia pública endémica, terminal, insuperable y para siempre agónica.
IV. Perspectivas
Estas sencillas reflexiones no bastan, por supuesto, para restar porte a la consolidada reputación del mandatario norteamericano. Tampoco para distraer por un instante la mirada internacional que lo sigue celosamente, pocas veces celebrando y muchas otras padeciendo sus decisiones.
Pero acaso sí para llamar la atención sobre un hecho apenas advertido: puertas adentro, en lo cotidiano, donde está lo profundo, cualquier presidente argentino ha sido o es más poderoso.